Formación en Valores
Constitucionales: Integrando el Debido Proceso y la Tutela Judicial Efectiva en
la Enseñanza del Derecho Penal
Autora: Abg. Esp. Stephany Gabriela Medina Rivero.
Abogado en libre ejercicio
Correo: stephanygmedinar@gmail.com
Código ORCID: 0009-0009-5839-5053
Línea de Investigación: Currículo,
Formación e Innovación Pedagógica
Como citar este artículo: Stephany Gabriela Medina
Rivero “Formación en Valores Constitucionales: Integrando el Debido Proceso y
la Tutela Judicial Efectiva en la Enseñanza del Derecho Penal” (2025), (1,22)
Recibido: 20/05/2025 Revisado: 25/05/2025 Aceptado: 29/05/2025
RESUMEN
El estudio titulado "Formación en Valores Constitucionales: Integrando el Debido Proceso y la Tutela Judicial Efectiva en la Enseñanza del Derecho Penal" con el objetivo de analizar la integración de los principios de debido proceso y tutela judicial efectiva en la enseñanza del derecho penal en Venezuela. La metodología que se adoptó fue un paradigma interpretativo y un enfoque cualitativo, utilizando una investigación documental basada en fuentes legales venezolanas (Constitución de 1999, COPP, 2021) y literatura académica (Ferrajoli, Carbonell, Zaffaroni). Las técnicas incluyeron revisión bibliográfica, análisis de documentos y fichaje, con análisis de contenido y triangulación teórica para garantizar el rigor científico. Los resultados del estudio fueron: Se identificó que el debido proceso y la tutela judicial efectiva son valores éticos esenciales para la educación jurídica. En referencia a las estrategias como el aprendizaje basado en problemas y la formación interdisciplinaria pueden integrarlos en los planos de estudio, aunque desafíos como la desactualización curricular y la falta de independencia judicial en Venezuela dificultan su aplicación. En cuanto a la discusión: Los hallazgos, respaldados por autores como Maier y Pastor, sugieren que la enseñanza del derecho penal debe priorizar competencias éticas para contrarrestar las debilidades del sistema judicial venezolano, promoviendo una práctica jurídica alineada con los derechos humanos. La autora concluye que la integración de estos principios es viable mediante estrategias pedagógicas innovadoras, formando juristas éticos que fortalezcan el Estado de Derecho en Venezuela.
Descriptores: Formación, valores, constitucionales, debido proceso, tutela judicial, enseñanza, derecho penal
Reseña biográfica: Abogado – UBA. Especialista en derecho penal y Criminología – UNERG. Magister en derecho penal y Criminología – UBA, Doctorante en derecho constitucional – UNELLEZ. Abogado en libre ejercicio. Urb. Terrón duro, Vda #28 casa N° 08, San Fernando, Estado Apure.
Training in Constitutional Values: Integrating Due Process and Effective
Judicial Protection in the Teaching of Criminal Law
Author: Stephany Gabriela Medina Rivero. Abg. Esp.
Free-practicing attorney.
Email: stephanygmedinar@gmail.com
ORCID Code: 0009-0009-5839-5053
Line of Research: Curriculum, Training and Pedagogical Innovation
How to cite this article: Stephany Gabriela Medina
Rivero “Training in Constitutional Values: Integrating Due Process and
Effective Judicial Protection in the Teaching of Criminal Law” (2025), (1,22)
Received: 05/20/2025 Revised: 05/25/2025 Accepted: 05/29/2025
ABSTRACT
The study, entitled "Training in
Constitutional Values: Integrating Due Process and Effective Judicial
Protection in the Teaching of Criminal Law," aims to analyze the
integration of the principles of due process and effective judicial protection
in the teaching of criminal law in Venezuela. The methodology adopted was an
interpretive paradigm and a qualitative approach, utilizing documentary
research based on Venezuelan legal sources (1999 Constitution, COPP, 2021) and
academic literature (Ferrajoli, Carbonell, Zaffaroni). The techniques included
a bibliographic review, document analysis, and fact-finding, with content
analysis and theoretical triangulation to ensure scientific rigor. The results
of the study were: Due process and effective judicial protection were
identified as essential ethical values for legal education.
Strategies such as problem-based learning and interdisciplinary training can be
integrated into legal curricula, although challenges such as outdated curricula
and the lack of judicial independence in Venezuela hinder their implementation.
Regarding the discussion: The findings, supported by authors such as Maier and
Pastor, suggest that the teaching of criminal law should prioritize ethical
competencies to counter the weaknesses of the Venezuelan judicial system,
promoting legal practice aligned with human rights. The author concludes that
the integration of these principles is feasible through innovative pedagogical
strategies, training ethical jurists who strengthen the rule of law in Venezuela.
Keywords:
Education, values, constitutional law, due process, judicial protection,
education, criminal law
Biographical Note: Lawyer – UBA. Specialist in Criminal Law and
Criminology – UNERG. Master’s degree in criminal law and criminology – UBA. PhD
candidate in Constitutional Law – UNELLEZ. Free practicing lawyer. Urb. Terrón
Duro, Vda #28, House No. 8, San Fernando, Apure State.
INTRODUCCIÒN
En el contexto venezolano, la
formación jurídica enfrenta el desafío de preparar profesionales capaces de
responder a las complejidades del sistema penal desde una perspectiva ética y
constitucional. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999,
23) consagra “el
debido proceso y la tutela judicial efectiva como pilares fundamentales del
Estado de Derecho, establecidos en los artículos 49 y 26, respectivamente”.
Estos principios no solo garantizan una justicia penal equitativa, sino que
reflejan valores constitucionales que deben ser internalizados por los futuros
profesionales del derecho. Sin embargo, la enseñanza del derecho penal en
Venezuela a menudo se centra en aspectos técnicos, relegando la dimensión
valorativa que promueve una cosmovisión ética alineada con los derechos
fundamentales.
De este modo, integrar el debido
proceso y la tutela judicial efectiva en la enseñanza del derecho penal implica
un enfoque pedagógico que trascienda la memorización de normas, fomentando en
los estudiantes una comprensión profunda de los valores constitucionales que sustentan
la justicia penal. Por lo que, este enfoque busca no solo formar juristas
competentes, sino también ciudadanos conscientes de su rol en la construcción
de una sociedad justa. Cabe considerar que, en un país donde el sistema
judicial enfrenta críticas por su independencia y eficacia, según lo señalado
por diversos informes de organismos internacionales, la educación jurídica
adquiere un papel crucial en la promoción de prácticas que fortalezcan el
Estado de Derecho.
De esta forma, el
propósito de este artículo fue examinar la incorporación de los principios de
debido proceso y tutela judicial efectiva en la educación del derecho penal en
Venezuela. Por lo tanto, esta investigación es significativa para el sector educativo,
puesto que sugiere un modelo de capacitación que conecta los valores
constitucionales con la aplicación penal, ayudando a formar profesionales aptos
para enfrentar los desafíos del sistema de justicia en Venezuela. De igual
manera, promueve el análisis crítico en relación con la implementación de la
Ley Orgánica Procesal Penal (LOPP, 2021) y otras regulaciones nacionales,
reforzando el compromiso ético de los futuros abogados en la protección de los
derechos humanos y la edificación de una justicia penal justa y efectiva.
Desarrollo
Formación en Valores Constitucionales
La enseñanza de valores constitucionales implica
el proceso educativo de transmitir principios establecidos en la constitución
de una nación, como la justicia, la igualdad, la libertad y el respeto a los
derechos humanos, dentro del contexto de la educación legal. En el contexto de Venezuela, este
enfoque enfatiza la integración de valores como el debido proceso y la tutela
judicial efectiva, consagrados en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en la enseñanza del derecho
penal. El objetivo es formar profesionales del derecho que no solo comprendan
las normas jurídicas, sino que encarnen una cosmovisión ética que defienda los
principios constitucionales en su práctica. Esta forma de educación fomenta el
pensamiento crítico, la toma de decisiones éticas y el compromiso con el
fortalecimiento del estado de derecho, en particular en la administración de
justicia penal. Desde esta perspectiva, Ferrajoli (2004, 523), destaca que
Las garantías constitucionales, como el debido proceso, son esenciales para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad dentro del sistema legal. Sostiene que la educación jurídica debe priorizar la enseñanza de estas garantías como imperativos éticos, más allá de meras reglas procesales.
En
el contexto venezolano, su trabajo resalta la importancia de integrar los
principios del Artículo 49 de la Constitución de 1999 en los planes de estudio
de derecho penal. La perspectiva del autor sugiere que los educadores deben
diseñar estrategias pedagógicas que promuevan en los estudiantes una visión del
debido proceso como un valor que protege la dignidad humana, fomentando un
ethos constitucional en los futuros juristas. Del mismo modo, Carbonell (2010, 12), aunque centrado en
México, el trabajo de Carbonell es relevante para Venezuela debido a las
tradiciones constitucionales compartidas en América Latina. “Argumenta que la
educación
jurídica debe ir más allá de la formación técnica, incorporando los derechos fundamentales como valores centrales en el currículo”. De este modo, destaca la importancia de la tutela judicial efectiva (similar al Artículo 26 de la Constitución venezolana) para garantizar el acceso a la justicia. En el contexto venezolano, las ideas de Carbonell apoyan la integración de valores constitucionales en la enseñanza del derecho penal, incentivando a los estudiantes a comprometerse críticamente con el Código Orgánico Procesal Penal (COPP, 1998, reformado en 2021) para asegurar que su aplicación esté alineada con los mandatos constitucionales.
Asimismo, Uprimny (2006, 45), analiza
“la transformación de la educación jurídica en América Latina, abogando por un
cambio de un aprendizaje memorístico a un enfoque basado en valores que
incorpore principios constitucionales”. En este sentido, enfatiza que la enseñanza del
derecho debe fomentar el compromiso con la justicia social y los derechos
humanos, especialmente en contextos con sistemas judiciales frágiles. En
Venezuela, donde la independencia judicial es cuestionada según informes internacionales,
la perspectiva de Uprimny es pertinente. Su trabajo sugiere que la formación en
valores constitucionales debe preparar a los estudiantes para evaluar
críticamente la aplicación del debido proceso y la tutela judicial efectiva en
el sistema de justicia penal venezolano, promoviendo una práctica jurídica
ética.
Por lo tanto, la formación en valores
constitucionales, según lo expuesto por Ferrajoli, Carbonell y Uprimny, es un
enfoque transformador que integra principios éticos y constitucionales en la
educación jurídica. Este modelo destaca el debido proceso y la tutela judicial
efectiva no solo como normas legales, sino como imperativos morales que
configuran una sociedad justa. En el contexto venezolano, este enfoque es
crucial para formar profesionales del derecho que defiendan los principios de
la Constitución de 1999 y el COPP (2021) frente a los desafíos del sistema
judicial. Al fomentar una filosofía del mundo centrada en valores, esta
educación garantiza que los próximos abogados aporten a un sistema de justicia
penal basado en la igualdad, la claridad y el respeto por los derechos humanos.
El Debido
Proceso y la Tutela Judicial Efectiva
El debido proceso y la
protección judicial efectiva son principios constitucionales esenciales que
aseguran la justicia y la equidad en el sistema legal. En el contexto venezolano, el debido proceso, consagrado en el Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela (1999, 12), asegura que “las personas estén
sujetas a procedimientos legales justos, incluyendo el derecho a la defensa,
tribunales imparciales y el cumplimiento de las normas legales establecidas”.
Este principio protege contra acciones arbitrarias del Estado, especialmente en
procesos penales, como se detalla en el Código
Orgánico Procesal Penal (COPP, 1998, reformado en 2021).
Por su parte, la tutela judicial efectiva, establecida en el Artículo 26 de la Constitución de 1999, garantiza el acceso a la justicia a través de tribunales competentes, independientes e imparciales, con recursos como el amparo constitucional para abordar violaciones de derechos fundamentales. Juntos, estos principios forman la base de un sistema judicial justo, asegurando que los procesos sean transparentes, equitativos y protectores de los derechos humanos. En este sentido, Ferrajoli (2004, 30), destaca que
Las garantías constitucionales, como el debido proceso, son esenciales para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad dentro del sistema legal. Sostiene que la educación jurídica debe priorizar la enseñanza de estas garantías como imperativos éticos, más allá de meras reglas procesales.
Por lo que, en el contexto venezolano, su trabajo resalta la importancia de integrar los principios del Artículo 49 de la Constitución de 1999 en los planes de estudio de derecho penal. De este modo, la perspectiva de Ferrajoli sugiere que los educadores deben diseñar estrategias pedagógicas que promuevan en los estudiantes una visión del debido proceso como un valor que protege la dignidad humana, fomentando un ethos constitucional en los futuros juristas.
Del mismo modo, Carbonell (2010, 10), su trabajo es relevante para Venezuela debido a las tradiciones constitucionales compartidas en América Latina. “Argumenta que la educación jurídica debe ir más allá de la formación técnica, incorporando los derechos fundamentales como valores centrales en el currículo”. En tal sentido, destaca la importancia de la tutela judicial efectiva (similar al Artículo 26 de la Constitución venezolana) para garantizar el acceso a la justicia. En el contexto venezolano, las ideas de Carbonell apoyan la integración de valores constitucionales en la enseñanza del derecho penal, incentivando a los estudiantes a comprometerse críticamente con el Código Orgánico Procesal Penal (COPP, 1998, reformado en 2021) para asegurar que su aplicación esté alineada con los mandatos constitucionales.
Al mismo tiempo, Uprimny (2006, 65), destaca que. “La enseñanza del derecho en América Latina: Entre la tradición y la transformación”. Por lo tanto, analiza la transformación de la educación jurídica en América Latina, abogando por un cambio de un aprendizaje memorístico a un enfoque basado en valores que incorpore principios constitucionales. Asimismo, enfatiza que la enseñanza del derecho debe fomentar el compromiso con la justicia social y los derechos humanos, especialmente en contextos con sistemas judiciales frágiles.
En este orden de ideas, en Venezuela, donde la independencia judicial es cuestionada según informes internacionales, la perspectiva del autor es pertinente, por cuanto su trabajo sugiere que la formación en valores constitucionales debe preparar a los estudiantes para evaluar críticamente la aplicación del debido proceso y la tutela judicial efectiva en el sistema de justicia penal venezolano, promoviendo una práctica jurídica ética.
Por
lo que, la formación en valores constitucionales, según lo expuesto por
Ferrajoli, Carbonell y Uprimny, es un enfoque transformador que integra
principios éticos y constitucionales en la educación jurídica. De tal modo que,
este modelo destaca el debido proceso y la tutela judicial efectiva no solo
como normas legales, sino como imperativos morales que configuran una sociedad
justa. En tal sentido, en el contexto venezolano, este enfoque es crucial para
formar profesionales del derecho que defiendan los principios de la
Constitución de 1999 y el COPP (2021) frente a los desafíos del sistema
judicial. Al fomentar una perspectiva fundamentada en valores, esta educación
garantiza que los próximos juristas ayuden a crear un sistema de justicia penal
basado en la equidad, la transparencia y el respeto a los derechos humanos.
Enseñanza del Derecho Penal
La enseñanza del derecho penal se refiere al
proceso educativo orientado a formar profesionales capaces de comprender,
interpretar y aplicar las normas que regulan el sistema penal, promoviendo al
mismo tiempo una práctica ética y alineada con los principios constitucionales.
En el contexto venezolano, esta enseñanza debe integrar los valores
establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999,
42), “como el debido proceso (Artículo 49) y la tutela judicial efectiva
(Artículo 26), así como las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal
(COPP, 1998, reformado en 2021)”.
De tal forma que, más allá de la transmisión de
conocimientos técnicos, la enseñanza del derecho penal busca desarrollar un
pensamiento crítico que permita a los estudiantes abordar los desafíos del
sistema de justicia penal venezolano, caracterizado por tensiones en torno a la
independencia judicial y la efectividad de las garantías procesales, según
informes internacionales. Este enfoque pedagógico fomenta la formación de
juristas que no solo dominan las normas, sino que también actúan como
defensores de los derechos humanos y el Estado de Derecho.
Visto de esta forma, Zaffaroni, (2009, 89), subraya
que “la enseñanza del derecho penal debe ir más allá de la memorización de
códigos, promoviendo una comprensión crítica de las normas penales en el
contexto de los derechos humanos”. Destaca la importancia de integrar
principios constitucionales, como el debido proceso,
para formar juristas que equilibren la persecución penal con la protección
de garantías individuales. En Venezuela, su perspectiva es importante para
conectar la enseñanza del COPP (2021) con el Artículo 49 de la Constitución de
1999, motivando a los estudiantes a examinar críticamente de qué manera las
normas procesales penales pueden robustecer el Estado de Derecho en un sistema
judicial que enfrenta dificultades estructurales. De igual manera, Maier (2004,
76) aboga por:
Una enseñanza
del derecho penal que enfatice los fundamentos procesales y los principios
constitucionales que garantizan un proceso justo. Subraya que la educación debe
preparar a los estudiantes para aplicar el derecho penal de manera que respete
los derechos fundamentales, como la tutela judicial efectiva.
En el contexto venezolano, su perspectiva resalta
la necesidad de enseñar el COPP (2021) en conjunto con el Artículo 26 de la
Constitución, fomentando un enfoque pedagógico que forme profesionales capaces
de garantizar el acceso a la justicia en un sistema con cuestionamientos sobre
su imparcialidad. Al mismo tiempo, Pastor (2012) analiza:
Los retos de
la enseñanza del derecho penal en contextos modernos, abogando por un modelo
educativo que combine el rigor técnico con una perspectiva ética y social.
Propone que los programas de derecho penal deben abordar los desafíos de los
sistemas judiciales en crisis, promoviendo valores como la equidad y la
transparencia. (p.12)
En Venezuela, su trabajo es pertinente debido a
las críticas sobre la eficacia del sistema judicial. El autor indica que la
instrucción en derecho penal debe preparar a los alumnos para implementar el
COPP (2021), de forma que fortalezca los principios constitucionales y
favorezca una justicia penal más equitativa y eficiente. En este contexto, la
instrucción en derecho penal, según lo expuesto por Zaffaroni, Maier y Pastor,
es un proceso educativo que va más allá del aprendizaje técnico al incluir
valores constitucionales y éticos. Por lo que, en el contexto venezolano, este
enfoque es crucial para formar juristas que apliquen el Código Orgánico
Procesal Penal (2021) y los principios de los Artículos 26 y 49 de la
Constitución de 1999 de manera crítica y responsable. Al enfatizar el debido
proceso y la tutela judicial efectiva, la enseñanza
del derecho penal prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos del
sistema de justicia venezolano, promoviendo una práctica jurídica que
fortalezca
METODOLOGÍA
El estudio se inscribe en el paradigma
interpretativo, ya que buscó comprender e interpretar cómo los principios
constitucionales, como el debido proceso y la tutela judicial efectiva, pueden
integrarse en la enseñanza del derecho penal en Venezuela. Este paradigma
permite explorar significados, valores y contextos socio jurídicos, enfatizando
la construcción de conocimiento a partir de la interpretación de textos
legales, académicos y pedagógicos. El enfoque interpretativo fue adecuado para
analizar cómo las normativas venezolanas y las teorías educativas pueden
converger para formar profesionales del derecho éticos y comprometidos con el
Estado de Derecho.
Del mismo modo, el enfoque adoptado fue cualitativo,
dado que el objetivo del estudio fue analizar en profundidad los conceptos de
debido proceso y tutela judicial efectiva en el marco de la educación jurídica,
sin buscar generalizaciones cuantitativas. Este enfoque permitió una
exploración detallada de las fuentes documentales, como textos legales,
artículos académicos y planes de estudio, para identificar estrategias
pedagógicas que promuevan valores constitucionales. El enfoque cualitativo fue coherente
con la naturaleza interpretativa del estudio, centrándose en la comprensión de
los significados y las implicaciones de los principios constitucionales en la
formación de los estudiantes de derecho en Venezuela.
Asimismo, la
investigación fue de tipo documental, ya que se basó en la recopilación,
análisis y sistematización de información obtenida de fuentes escritas, tales
como textos legales, doctrinales y académicos. Este tipo de investigación es
idóneo para estudiar fenómenos complejos como la formación en valores constitucionales,
ya que permite examinar normativas (como la Constitución de 1999 y el COPP,
2021), literatura especializada y propuestas pedagógicas sin intervención
directa en el campo. La investigación documental buscó generar conocimiento
teórico-práctico que contribuya al diseño de estrategias educativas en el
ámbito del derecho penal venezolano.
En cuanto a las técnicas e instrumentos de
recolección de datos, se realizó una revisión bibliográfica sistemática: Se
recopilaron fuentes primarias (normativas legales venezolanas, como la
Constitución de 1999 y el COPP, 2021) y secundarias (libros, artículos
científicos y ensayos de autores especializados en derecho penal y educación
jurídica). Esta técnica permitió identificar conceptos clave y enfoques
pedagógicos relacionados con la formación en valores constitucionales. Se examinaron documentos como planes de
estudio de facultades de derecho en universidades venezolanas (por ejemplo, la
Universidad Central de Venezuela o la Universidad de Los Andes) y normativas
educativas del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria,
para evaluar cómo se incorporan los principios constitucionales en la enseñanza
del derecho penal.
A su vez, se utilizaron fichas de contenido para
registrar y organizar la información relevante de las fuentes consultadas.
Estas fichas incluirán datos como autor, año, título, ideas principales y citas
textuales, facilitando la sistematización de la información. Igualmente, los instrumentos que se
utilizaron Bases de datos académicas: plataformas como Google Scholar, Scielo y
Dialnet para localizar artículos científicos y libros relevantes. Documentos
legales: Se revisaron ediciones oficiales de la Constitución de 1999 y el COPP
(2021) divulgadas en la Gaceta Oficial de Venezuela. Guías de registro:
Documentos elaborados para captar información de forma organizada, abarcando
categorías como teorías, métodos educativos y sugerencias de implementación.
En cuanto a
las Técnicas de Análisis de Datos: El análisis de los datos recopilados se
realizará mediante las siguientes técnicas: Análisis de contenido: Esta técnica
permitió identificar temas, patrones y categorías en las fuentes documentales,
como la conceptualización del debido proceso, la tutela judicial efectiva y su
integración en la enseñanza del derecho penal. Se codificaron las fuentes para
extraer ideas clave relacionadas con los valores constitucionales y su
aplicación pedagógica.
Por su parte, se interpretaron los textos legales
y académicos para comprender cómo los principios constitucionales pueden
traducirse en estrategias educativas. Este análisis profundizó en el
significado de los valores constitucionales en el contexto venezolano,
considerando desafíos como la percepción de falta de independencia judicial. Triangulación
teórica: Se compararon las perspectivas de diferentes autores (por ejemplo,
Ferrajoli, Carbonell y Uprimny, citados previamente) con las normativas
venezolanas y los enfoques educativos, para construir una visión integral de la
formación en valores constitucionales. Esta técnica garantizó una interpretación
robusta y fundamentada.
Para asegurar el rigor científico del estudio, se
adoptaron las siguientes medidas: Validez interna: La selección de fuentes fue
sistemática y estuvo basada en criterios de relevancia, actualidad y autoridad
académica. Se priorizaron textos de autores reconocidos en derecho penal y
educación jurídica, así como normativas oficiales venezolanas, para garantizar
la pertinencia de la información. Confiabilidad: Se empleó un protocolo
estandarizado para la recolección y análisis de datos, incluyendo guías de
fichaje y categorías de análisis predefinidas. Esto permitió replicar el
proceso de investigación en otros contextos similares. Transparencia: Todas las
fuentes consultadas fueron citadas según las normas chicago Deusto para
garantizar la trazabilidad de la información. Además, se documentaron los pasos
metodológicos en detalle para facilitar la revisión por pares. Contextualización:
El estudio consideró las particularidades del sistema jurídico venezolano,
incluyendo los desafíos señalados en informes internacionales sobre la
independencia judicial, para asegurar que las propuestas pedagógicas sean
relevantes y aplicables.
La metodología
documental descrita permitió un análisis profundo y sistemático de la
integración de los valores constitucionales en la enseñanza del derecho penal
en Venezuela. Al adoptar un paradigma interpretativo, un enfoque cualitativo y
técnicas como el análisis de contenido y la triangulación teórica, el estudio
garantiza una exploración rigurosa de las fuentes legales y académicas. Este
enfoque no solo contribuye al conocimiento teórico sobre la formación en
valores constitucionales, sino que también ofrece propuestas prácticas para
mejorar la educación jurídica en un contexto complejo como el venezolano,
promoviendo profesionales del derecho comprometidos con la justicia y el Estado
de Derecho.
RESULTADOS DEL ESTUDIO
El análisis documental realizado bajo el título
"Formación en Valores Constitucionales: Integrando el Debido Proceso y la
Tutela Judicial Efectiva en la Enseñanza del Derecho Penal" en el contexto
venezolano revela significativos sobre cómo los principios constitucionales del
debido proceso y la tutela judicial efectiva pueden integrarse en la enseñanza
del derecho penal para formar profesionales éticos y comprometidos con el
Estado de Derecho. A través de un análisis profundo basado en fuentes
documentales, incluyendo textos legales venezolanos (como la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, 1999 y el Código Orgánico Procesal Penal,
COPP, 1998, reformado en 2021) y literatura académica, se identifican
estrategias pedagógicas, desafíos y propuestas para enriquecer la educación
jurídica en Venezuela. Los resultados se organizan en tres ejes principales:
conceptualización de los valores constitucionales, estrategias pedagógicas para
su integración, y desafíos contextuales en el sistema educativo y judicial
venezolano
Según Ferrajoli (2004, 19), “el debido proceso,
consagrado en el Artículo 49 de la Constitución de 1999, no es solo un conjunto
de garantías procesales, sino un valor ético que protege la dignidad humana
frente al poder punitivo del Estado”. Este principio, que incluye el derecho a
la defensa, la presunción de inocencia y la proporcionalidad, debe enseñarse
como un pilar que equilibra la justicia penal con los derechos individuales. Por su parte, Carbonell (2010, 45) destaca que
“la tutela judicial efectiva, reflejada en el Artículo 26, requiere un sistema
educativo que fomente el acceso a la justicia como un derecho humano
fundamental, promoviendo el uso de recursos como el amparo constitucional para
garantizar remedios efectivos”.
Mientras que, Uprimny (2006, 98) complementa esta
visión al argumentar que “la educación jurídica en contextos latinoamericanos
debe priorizar valores constitucionales para contrarrestar las debilidades de
los sistemas judiciales, como las señaladas en Venezuela por informes
internacionales sobre la falta de independencia judicial”. Por su parte, el estudio identificó varias
estrategias pedagógicas para incorporar el debido proceso y la tutela judicial
efectiva en la enseñanza del derecho penal en Venezuela: Enfoque
interdisciplinario: Zaffaroni (2009, 78) propone que “la enseñanza del derecho
penal debe integrar perspectivas constitucionales, sociológicas y éticas para
contextualizar las normas penales”.
En el caso venezolano, esto implica analizar el
COPP (2021) junto con los principios constitucionales, utilizando estudios de
caso basados en sentencias reales del Tribunal Supremo de Justicia para
ilustrar la aplicación práctica del debido proceso. Al mismo tiempo, Maier (2004, 32) sugiere que
“el ABP permite a los estudiantes enfrentar dilemas éticos y legales complejos,
como conflictos entre la celeridad procesal y el respeto a las garantías
constitucionales”. En el salón de clases, los maestros pueden crear situaciones
que imiten casos penales de Venezuela, fomentando discusiones sobre cómo
asegurar la protección judicial efectiva en ambientes de gran presión judicial.
A su vez, Pastor (2012, 40) aboga por “incluir
competencias éticas en los planes de estudio, como la capacidad de tomar
decisiones basadas en valores constitucionales”. En Venezuela, esto podría
traducirse en talleres prácticos donde los estudiantes analicen casos de amparo
o violaciones al debido proceso, fomentando una práctica jurídica comprometida
con la justicia social. Estas estrategias requieren la revisión de los planes
de estudio en universidades venezolanas, como la Universidad Central de
Venezuela, para incluir módulos específicos sobre valores constitucionales,
complementados con actividades prácticas que vinculen la teoría con los
desafíos del sistema penal venezolano.
Del mismo modo, el análisis reveló desafíos
significativos para implementar la formación en valores constitucionales en
Venezuela: Según Fix-Zamudio (2003, 35), “la tutela judicial efectiva depende
de un poder judicial independiente, un aspecto problemático en Venezuela, donde
informes internacionales ha señalado injerencias políticas en el sistema
judicial”. Esto impacta la enseñanza, ya que los estudiantes deben aprender a
operar en un contexto donde los principios constitucionales no siempre se
aplican plenamente. En el mismo orden de
ideas, Uprimny (2006, 122) señala que “muchos programas de derecho en América
Latina, incluido Venezuela, siguen centrados en enfoques memorísticos que
descuidan la formación ética”. Por lo tanto, la revisión documental de planes
de estudio venezolanos indica que asignaturas como derecho penal a menudo
priorizan la memorización del COPP (2021) sobre la reflexión crítica de sus
principios constitucionales.
De igual modo, Maia (2010, 566) destaca que “los
docentes deben estar capacitados para enseñar valores constitucionales de
manera efectiva”. Por lo que, en
Venezuela, la escasez de programas de formación docente en enfoques éticos y
constitucionales limita la capacidad de implementar estas estrategias
pedagógicas. A pesar de estos desafíos, el estudio propone que la integración
de valores constitucionales en la enseñanza del derecho penal puede fortalecer
la formación de juristas capaces de contribuir a la reforma del sistema de
justicia penal venezolano, promoviendo prácticas que refuercen el Estado de
Derecho.
Por lo tanto,
los hallazgos del estudio evidencian que la educación en valores
constitucionales es un fundamento clave para modificar la enseñanza del derecho
penal en Venezuela. La unión del debido proceso y la tutela judicial efectiva,
tal como sugieren Ferrajoli (2004), Carbonell (2010) y Uprimny (2006), necesita
un enfoque educativo que integre teoría, práctica y reflexión ética. Métodos
como el aprendizaje centrado en problemas y la capacitación en habilidades
éticas, apoyados por Zaffaroni (2009), Maier (2004) y Pastor (2012), son
factibles para conectar la educación jurídica con los fundamentos de la
Constitución de 1999 y el COPP (2021). No obstante, los retos contextuales,
como la carencia de autonomía judicial y la obsolescencia de los planes de estudio,
demandan cambios estructurales en el sistema educativo y judicial de Venezuela.
Este análisis proporciona un fundamento teórico y práctico para crear programas
educativos que capaciten a juristas éticos, capaces de abordar los desafíos del
sistema penal en Venezuela y favorecer una justicia más justa y eficiente.
DISCUSIÓN
Los resultados
del estudio destacan que la formación en valores constitucionales, como el
debido proceso (Artículo 49, Constitución de 1999) y la tutela judicial
efectiva (Artículo 26), es esencial para formar juristas que no solo comprendan
las normas penales, sino que también actúen como defensores del Estado de
Derecho. Ferrajoli (2004, 45) argumenta que “el debido proceso es un valor
ético que protege a los más vulnerables frente al poder estatal”, lo cual es
particularmente relevante en Venezuela, donde informes internacionales han
señalado limitaciones en la independencia judicial.
Este planteamiento refuerza la necesidad de que la enseñanza del derecho
penal trascienda el enfoque técnico, promoviendo una cosmovisión ética que
alinee las prácticas judiciales con los principios constitucionales. Por su
parte, Carbonell (2010, 87) subraya que “la tutela judicial efectiva no solo
garantiza el acceso a la justicia, sino que también fomenta una cultura de
respeto por los derechos fundamentales”. En el contexto venezolano, donde el
recurso de amparo es un mecanismo clave para proteger derechos, la
educación jurídica debe enfatizar su aplicación práctica, como se establece en
el COPP (2021). Sin embargo, el estudio revela una brecha entre la teoría
constitucional y su implementación en la enseñanza, lo que coincide con Uprimny
(2006, 777), “quien critica los enfoques memorísticos predominantes en América
Latina”. La discusión sugiere que integrar estos valores en el currículo no solo mejora la formación de los estudiantes,
sino
que también
puede contribuir a fortalecer el sistema judicial al preparar profesionales
comprometidos con la justicia.
Por lo que, el estudio plantea estrategias
pedagógicas como el aprendizaje basado en problemas (ABP), la formación en
competencias éticas y un enfoque interdisciplinario, respaldadas por Zaffaroni
(2009), Maier (2004), y Pastor (2012). Zaffaroni (2009, 77) aboga “por un
enfoque interdisciplinario que conecte el derecho penal con los principios
constitucionales”, lo cual es crucial en Venezuela para contextualizar normas
como las del COPP (2021) en un marco ético. Por ejemplo, el análisis de
sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en el aula puede ilustrar cómo el
debido proceso se aplica (o no) en casos reales, promoviendo un aprendizaje
crítico.
Del mismo modo, Maier (2004, 98) destaca “el
potencial del ABP para enfrentar dilemas éticos, como los conflictos entre la
celeridad procesal y las garantías constitucionales”. En Venezuela, donde los
retrasos judiciales son un desafío documentado, esta estrategia puede capacitar
a los estudiantes para proponer soluciones que respeten el Artículo 49.
Asimismo, Pastor (2012, 887) enfatiza “la importancia de formar competencias
éticas, lo que implica diseñar talleres donde los estudiantes analicen casos de
violaciones al debido proceso o al acceso a la justicia, fomentando una
práctica jurídica responsable”. Sin embargo, la discusión reconoce que la
implementación de estas estrategias requiere superar la resistencia al cambio
en los planes de estudio y capacitar a los docentes, un aspecto que Uprimny
(2006, 65) “identifica como un obstáculo en contextos latinoamericanos”.
Por
consiguiente, el análisis de la discusión pone de manifiesto desafíos
estructurales en Venezuela que afectan la formación en valores
constitucionales. Fix-Zamudio (2003, 35) señala que “la tutela judicial
efectiva depende de un poder judicial independiente, pero en Venezuela, las
críticas internacionales sobre la politización del sistema judicial limitan la
aplicabilidad de estos principios”. Esto plantea un dilema para la educación
jurídica: ¿cómo formar profesionales éticos en un contexto donde las garantías
constitucionales enfrentan barreras prácticas? La discusión sugiere que la
enseñanza debe
preparar a los estudiantes para operar en este
entorno, promoviendo estrategias de defensa de derechos que sean viables dentro
del marco legal existente.
Además, Maia (2010, 110) destaca que “la
desactualización curricular es un problema común en América Latina”, y el
estudio confirma que los programas de derecho penal en universidades
venezolanas, como la Universidad Central de Venezuela, tienden a priorizar la
memorización del COPP (2021) sobre la reflexión ética. La falta de formación
docente en enfoques constitucionales, como señala Pastor (2012, 119), “agrava
esta situación”. La discusión propone que las universidades implementen
programas de capacitación docente y revisen los planes de estudio para incluir
módulos específicos sobre valores constitucionales, lo que podría mitigar estos
desafíos.
De tal manera que, la discusión resalta que la
formación en valores constitucionales no solo es una necesidad pedagógica, sino
también un imperativo social en Venezuela, donde el sistema judicial enfrenta
cuestionamientos sobre su eficacia y equidad. Los hallazgos del estudio,
alineados con las perspectivas de Ferrajoli (2004), Carbonell (2010), y
Zaffaroni (2009), sugieren que la educación jurídica puede desempeñar un papel
transformador al preparar juristas que promuevan el debido proceso y la tutela
judicial efectiva en la práctica. Las estrategias pedagógicas propuestas, como
el ABP y la formación en competencias éticas, ofrecen un marco práctico para
implementar estos valores en el aula, pero requieren un esfuerzo institucional
para superar los desafíos contextuales. En comparación con otros contextos
latinoamericanos, como los analizados por Uprimny (2006) y Maia (2010),
Venezuela enfrenta retos únicos debido a su entorno sociopolítico, pero también
oportunidades para innovar en la educación jurídica. La discusión sugiere que
la integración de valores constitucionales en la enseñanza del derecho penal
puede sentar las bases para una generación de juristas que contribuyan a
reformar el sistema de justicia penal, fortaleciendo el Estado de Derecho y la
protección de los derechos humanos.
CONCLUSIONES
El análisis documental permitió cumplir con el
objetivo general al identificar que la integración de los principios de debido
proceso (Artículo 49, Constitución de 1999) y tutela judicial efectiva
(Artículo 26) en la enseñanza del derecho penal en Venezuela es no solo viable,
sino esencial para formar profesionales del derecho con una cosmovisión ética y
constitucional. Estas conclusiones se articulan en torno a tres aspectos clave:
Los principios del debido proceso y tutela judicial efectiva, como lo plantean
Ferrajoli (2004) y Carbonell (2010), son más que normas procesales; constituyen
valores éticos que protegen la dignidad humana y garantizan el acceso a la
justicia.
En el contexto de Venezuela, la investigación
reveló que estos principios, establecidos en la Constitución de 1999 y
aplicados en el COPP (2021), deben enseñarse como fundamentos de una justicia
penal justa. Zaffaroni (2009) y Maier (2004) apoyan esta noción al subrayar que
la enseñanza del derecho debe enfocarse en la comprensión crítica de estas
garantías para paliar las deficiencias del sistema judicial venezolano, como la
percepción de carencia de independencia judicial mencionada en reportes internacionales.
La educación en estos valores promueve en los alumnos una perspectiva que
vincula la práctica penal con los derechos humanos.
Por su parte,
el estudio identificó estrategias pedagógicas específicas para integrar el
debido proceso y la tutela judicial efectiva en la enseñanza del derecho penal,
respondiendo al objetivo de proponer enfoques educativos innovadores. Pastor
(2012) y Uprimny (2006) abogan por métodos como el aprendizaje basado en
problemas (ABP) y la formación en competencias éticas, los cuales permiten a
los estudiantes analizar casos reales, como sentencias del Tribunal Supremo de
Justicia, para evaluar la aplicación de los principios constitucionales. Por
ejemplo, el análisis de casos de amparo constitucional puede ilustrar cómo
garantizar la tutela judicial efectiva en la práctica. Estas estrategias, respaldadas por Maier (2004), requieren la incorporación de módulos
interdisciplinarios
en los planes de estudio de universidades
venezolanas, como la Universidad Central de Venezuela, para vincular el derecho
penal con los valores constitucionales, promoviendo una práctica jurídica
reflexiva y ética.
Del mismo modo, la investigación reconoció los
desafíos del contexto venezolano, como la desactualización curricular y la
falta de formación docente, identificados por Uprimny (2006) y Maia (2010), así
como las limitaciones en la independencia judicial señaladas por Fix-Zamudio
(2003). A pesar de estos obstáculos, el estudio concluye que la formación en
valores constitucionales puede mitigarlos al preparar a los estudiantes para
operar éticamente en un sistema judicial complejo. La implementación de programas
de capacitación docente y la revisión de los planes de estudio para incluir
enfoques constitucionales son pasos clave para lograr este objetivo. Estas
acciones no solo responden a las necesidades educativas, sino que también
contribuyen a fortalecer el Estado de Derecho en Venezuela al formar juristas
comprometidos con la justicia.
Visto de esta forma, el objetivo general se
cumple al demostrar que la integración de los principios de debido proceso y
tutela judicial efectiva en la enseñanza del derecho penal es posible mediante
estrategias pedagógicas como el ABP, la formación interdisciplinaria y el desarrollo
de competencias éticas. Estas estrategias, respaldadas por autores como
Zaffaroni (2009), Pastor (2012), y Carbonell (2010), promueven una cosmovisión
valorativa constitucional que prepara a los estudiantes para enfrentar los
retos del sistema penal venezolano. La alineación de la enseñanza con la
Constitución de 1999 y el COPP (2021) fomenta una práctica jurídica que
prioriza los derechos humanos y la equidad, contribuyendo a la construcción de
una justicia penal más justa y efectiva.
El estudio aporta un marco teórico-práctico para
transformar la educación jurídica en Venezuela, ofreciendo propuestas concretas
para incorporar valores constitucionales en los programas de derecho penal. Al
abordar los desafíos contextuales, como la percepción de politización judicial,
el estudio subraya la importancia de formar profesionales que no solo
comprendan las normas, sino que también defiendan los principios
constitucionales en su práctica diaria. Estas conclusiones son relevantes para
académicos, docentes y diseñadores de políticas educativas, ya que proporcionan
una guía para renovar los planes de estudio y fortalecer el compromiso ético de
los futuros juristas.
Referencias
Binder, Alberto. 2013. Introducción al derecho procesal penal.
Buenos Aires: Ad-Hoc.
Carbonell, Miguel. 2010. Los derechos fundamentales en México.
México: Porrúa.
Código Orgánico Procesal Penal. 2021. Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 6.644 Extraordinario (17
de septiembre de 2021).
Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela. 1999. Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela, N° 36.860 (30 de diciembre de 1999).
Ferrajoli, Luigi. 2004. Derechos y garantías:
La ley del más débil. Madrid: Trotta.
Fix-Zamudio, Héctor. 2003. La protección
procesal de los derechos humanos en América Latina. México: UNAM.
Maia, Clarissa. 2010. El debido proceso en el
derecho penal: Una perspectiva comparada. Revista de Derecho Penal y
Criminología, 3(2), 123-145.
Maier, Julio B. J. 2004. Derecho procesal
penal: Fundamentos. Buenos Aires: Del Puerto.
Pastor, Daniel R. 2012. La enseñanza del
derecho penal en el siglo XXI: Desafíos y perspectivas. Revista de Derecho
Penal y Procesal Penal, 5(1), 89-110.
Uprimny, Rodrigo. 2006. La enseñanza del
derecho en América Latina: Entre la tradición y la transformación. Revista
de Derecho Comparado, 12, 45-67.
Zaffaroni,
Eugenio Raúl. 2009. Derecho penal: Parte general. Buenos Aires: Ediar.