Autor: MSc.Antonio Aaysenn Franco Tovar
Correo: aaysenn0902@gmail.com
Código Orcid: https://orcid.org/0009-0000-4225-9377
RESUMEN
Este artículo
documental analiza el rol complejo y contingente de la propiedad social de la
tierra en la seguridad alimentaria de Venezuela, frente al escenario de
retracción estatal y gobernanza local emergente. El objetivo general consistió
en analizar el rol de la propiedad social de la tierra en la seguridad
alimentaria venezolana frente a los desafíos post-estatales
y la gobernanza local. Metodológicamente, se adoptó un diseño documental
analítico-interpretativo, basado en la revisión crítica de fuentes académicas,
legales y testimoniales, triangulando perspectivas para deconstruir los
constructos teóricos clave. Los resultados revelaron una tensión fundamental
entre las visiones ideológicas transformadoras y las prácticas materiales de
supervivencia, destacando que la viabilidad del modelo depende críticamente de
una tríada inestable: seguridad jurídica, adopción de agroecología y gobernanza
local legítima. Se concluyó que la propiedad social ha funcionado menos como un
motor de transformación agraria y más como un sustrato para frágiles islas de
resiliencia socio-productiva, donde comunidades sitiadas por un entorno macro
adverso ejercen una agencia precaria pero vital sobre su alimentación,
constituyendo un capital social invaluable para una eventual reconstrucción del
sistema alimentario nacional.
Descriptores: Rol de propiedad social, tierra, seguridad
alimentaria venezolana desafíos post-estatales, gobernanza
local
Reseña Biográfica: Abogado, MSc en ciencias
Jurídicas. Especialista en Derecho Administrativo, Especialista en Derecho
Procesal Civil, MSc en Derecho Constitucional. Cursa actualmente: Doctorado en Ciencias Jurídicas UNELLEZ. Doctorado en Derecho y Relaciones
Internacionales IESIP. Maestría en Derecho Procesal Civil UBA. Docente titular por concurso de oposición
UNELLEZ, Docente Postgrado UNELLEZ. Docente en la UNERG. Juez Superior Agrario de la Circunscripción
Judicial de los estados Apure y Amazonas.
THE ROLE OF SOCIAL LAND OWNERSHIP IN VENEZUELAN FOOD
SECURITY IN THE FACE OF POST-STATE CHALLENGES AND LOCAL GOVERNANCE
Author:
Antonio Aaysenn Franco Tovar
Email:
aaysenn0902@gmail.com
ORCID ID:
http://orcid.org/0009-0000-4225-9377
ABSTRACT
This article analyzes the complex and contingent role of social land
ownership in Venezuelan food security, in the context of state withdrawal and
emerging local governance. The overall objective was to analyze the role of
social land ownership in Venezuelan food security in the face of post-state
challenges and local governance. Methodologically, an analytical-interpretive
documentary design was adopted, based on the critical review of academic,
legal, and testimonial sources, triangulating perspectives to deconstruct key
theoretical constructs. The results revealed a
fundamental tension between transformative ideological visions and material
survival practices, highlighting that the viability of the model depends
critically on an unstable triad: legal security, adoption of agroecology, and
legitimate local governance. It was concluded that social property has
functioned less as an engine of agrarian transformation and more as a substrate
for fragile islands of socio-productive resilience, where communities besieged
by an adverse macro environment exercise a precarious but vital agency over
their food supply, constituting invaluable social capital for the eventual
reconstruction of the national food system.
Descriptors: Role of
social property, land, Venezuelan food security, post-state challenges, local
governance
Biographical Sketch: Lawyer,
MSc in Legal Sciences. Specialist in Administrative Law, Specialist in Civil
Procedural Law, MSc in Constitutional Law. Currently pursuing: Doctorate in
Legal Sciences at UNELLEZ. Doctorate in Law and International Relations at
IESIP. Master's in Civil Procedural Law at UBA.
Tenured Professor by competitive examination at UNELLEZ, Postgraduate Professor
at UNELLEZ. Professor at UNERG. Superior Agrarian Judge of the Judicial
District of the states of Apure and Amazonas.
Introducción
La
crisis multidimensional que atraviesa Venezuela ha puesto al sistema
alimentario nacional bajo un estrés extremo. En este contexto, la búsqueda de
respuestas estructurales trasciende la mera producción de calorías y apunta
hacia las bases mismas de la tenencia y el uso de la tierra. Este artículo
analiza, desde una perspectiva crítica y documental, el rol emergente de la
propiedad social de la tierra como un factor potencial para la seguridad
alimentaria, en un escenario marcado por lo que se puede denominar desafíos post-estatales.
Cabe
considerar que dichos desafíos aluden a la retracción de las capacidades
regulatorias, inversoras y distributivas del Estado central, un fenómeno
complejo que redefine las dinámicas de poder territorial. Asimismo, la
gobernanza local aparece como un eje indispensable para comprender cómo las
comunidades articulan, en la práctica, modelos de producción y distribución de
alimentos frente a la ausencia relativa del aparato estatal. Desde esta
perspectiva, el análisis se centra en la intersección entre modelos
alternativos de tenencia de la tierra, la autonomía alimentaria de las
comunidades y las nuevas arquitecturas de poder local que surgen en los
intersticios de la crisis.
Cabe
considerar que, el concepto de propiedad social de la tierra, en el contexto
venezolano, no es unívoco ni estático. Más bien, se despliega en un espectro
que abarca desde las empresas de producción social (EPS) hasta las tierras
comunales indígenas y los fundos entregados bajo figuras de uso colectivo. A
diferencia del título de propiedad privada absoluta, este modelo enfatiza la
función social, el trabajo como hecho generador de derecho y la destinación de
la tierra a la satisfacción de necesidades colectivas. Como señala el investigador Núñez (2016) en su
trabajo sobre agroecología y poder popular:
La propiedad social de la tierra,
cuando está imbuida de una praxis agroecológica y de una gobernanza comunitaria
deliberativa, puede generar islas de resiliencia alimentaria. No se trata de
una panacea, sino de un proceso de aprendizaje social frente a la crisis del
modelo rentista petrolero y su Estado clientelar.
Esta
afirmación merece un análisis detallado, pues sintetiza varios ejes críticos
del debate. En primer lugar, no presenta la propiedad social como una solución
automática, sino que la condiciona a dos factores concomitantes: la adopción de
técnicas agroecológicas y la existencia de una gobernanza comunitaria
deliberativa. Esto desmonta una visión idealizada y sugiere que el mero cambio
en el régimen de tenencia es insuficiente si no viene acompañado de una
transformación en el paradigma tecnológico y en las prácticas políticas
locales. La referencia a la praxis agroecológica es clave, pues conecta la
propiedad social con un modelo de producción de bajo insumo externo, adaptado
al entorno local y menos vulnerable a las fluctuaciones en la importación de agroquímicos,
una vulnerabilidad flagrante en la Venezuela actual.
A
su vez, el término gobernanza comunitaria deliberativa apunta a la necesidad de
mecanismos democráticos y transparentes para la toma de decisiones, evitando
que la propiedad colectiva derive en nuevas formas de clientelismo o captura
por élites locales. Finalmente, la mención a la “crisis del modelo rentista
petrolero” sitúa el fenómeno en su contexto histórico estructural. Por lo que, propone que
estas experiencias son, en esencia, respuestas de aprendizaje forzado ante el
colapso de un modelo económico que durante décadas subordinó y desarticuló la
agricultura nacional. Por lo tanto, su valor potencial no sería solo producir
alimentos, sino incubar nuevas relaciones socioeconómicas menos dependientes
del petróleo y del Estado distribuidor de renta. Desde esta perspectiva, las
islas de resiliencia no son enclaves aislados, sino laboratorios de
posibilidades para una futura reconfiguración del sistema alimentario
venezolano, siempre que logren sostenerse y articularse entre sí.
Cabe
considerar, que el potencial para la seguridad alimentaria no radica únicamente
en incrementar la superficie cultivada, sino en modificar las relaciones de
producción y los circuitos de distribución. Asimismo, la noción de seguridad
alimentaria ha evolucionado hacia una comprensión más integral, vinculada a la
soberanía alimentaria, la cual prioriza los sistemas locales, los métodos
agroecológicos y el control comunitario sobre los recursos. En el mismo
sentido, la gobernanza local en un escenario post-estatal
no puede entenderse como la simple descentralización administrativa. Se
refiere, más bien, a la capacidad de actores subnacionales, consejos comunales,
comunas, asociaciones de productores, para autoorganizarse, establecer reglas
de juego, gestionar conflictos y movilizar recursos en condiciones de alta
incertidumbre institucional.
En
el mismo sentido, la contracción de las capacidades estatales venezolanas en la
última década es un fenómeno documentado. Este proceso ha generado un vacío,
pero no uno pasivo, en la provisión de insumos agrícolas, crédito, asistencia
técnica y canales de comercialización estables. Sin embargo, esa retirada
relativa del Estado ha catalizado, en ciertas regiones, una proliferación de
iniciativas de base. En este orden de ideas, la propiedad social de la tierra
se convierte en el sustrato físico donde ensayar estas respuestas.
Por
ejemplo, en zonas donde predomina este tipo de tenencia, se observa una mayor
tendencia a la diversificación de cultivos para el consumo local, en contraste
con el modelo agroexportador de monocultivo. Además, la gobernanza local
efectiva, a menudo ejercida a través de asambleas de trabajadores o instancias
comunales, permite una asignación más ágil y contextualizada de los escasos
recursos disponibles, como semillas, agua y mano de obra. De esta forma, se
configura un ecosistema socio-productivo que, aunque frágil, intenta compensar
las fallas de los grandes sistemas nacionales.
No
obstante, es imperativo reconocer los obstáculos que enfrentan estas
experiencias. La propiedad social a menudo carece de títulos de propiedad
claros y definitivos, lo que genera inseguridad jurídica y limita el acceso a
financiamiento, incluso de fuentes alternativas. Igualmente, la gobernanza
local puede verse sobre exigida por la magnitud de la crisis, carecer de
capacidades técnicas o reproducir dinámicas de exclusión interna, como la
marginalización de las mujeres en la toma de decisiones productivas. Además, el
contexto macroeconómico de hiperinflación y la persistencia de controles de
precios distorsionados actúan como fuerzas centrifugas que desincentivan la
producción y dificultan la planificación a mediano plazo.
En
consecuencia, el potencial de la propiedad social para la seguridad alimentaria
está mediado por una densa trama de factores políticos, jurídicos y económicos.
A su vez, la relación con el Estado no es de pura ausencia; en muchos casos, es
una relación ambivalente, de negociación constante por recursos simbólicos y
materiales, donde el discurso oficial choca con las prácticas de sobrevivencia
local.
Por
lo que, el rol de la propiedad social de la tierra en la seguridad alimentaria
venezolana es significativo pero contingente. Su contribución no se mide solo
en toneladas métricas, sino en su capacidad para sostener procesos de
autoorganización comunitaria, innovación agroecológica y construcción de
soberanía desde lo local. Frente a los desafíos post-estatales,
estas experiencias representan un esfuerzo por re-anclar
la producción de alimentos en la realidad territorial y social del país, aunque
su sostenibilidad a largo plazo y su potencial de escalamiento sigan siendo
preguntas abiertas en el complejo panorama venezolano.
Desarrollo
Para
comprender la compleja interrelación entre propiedad social de la tierra,
seguridad alimentaria y gobernanza en el escenario venezolano, es indispensable
desagregar y examinar los constructos centrales que sostienen este análisis.
Estos conceptos, lejos de ser estáticos, han sido moldeados por diversos
autores y contextos, adquiriendo matices específicos al aplicarlos a la
realidad post-estatal.
El
primer constructo, la propiedad social de la tierra, trasciende la dicotomía
clásica entre propiedad pública y privada. Desde esta perspectiva, autores como
Lanz Rodríguez (2010, 45), “la conceptualizan no como un régimen de tenencia
unificado, sino como un proceso de socialización productiva”. Este enfoque es
crucial, ya que desplaza el acento del título jurídico hacia las prácticas
sociales y las relaciones de producción que se establecen sobre el territorio.
Asimismo,
el jurista agrario Sánchez (2015, 22), “no la define por oposición simple a la
propiedad privada, sino como un sistema donde el derecho de uso y usufructo,
derivado del trabajo colectivo y orientado al bien común, prevalece sobre el
derecho de abuso y disposición absoluta”. Esta distinción es fundamental para
el caso venezolano, donde numerosas tierras bajo este régimen operan en un
limbo jurídico, pero son activadas productivamente por colectivos. En este
orden de ideas, la propiedad social se vincula directamente con la noción de
función social, principio constitucional que subordina el derecho de propiedad
a su utilidad para la colectividad.
Por
consiguiente, su potencial para la seguridad alimentaria reside precisamente en
que su objetivo teleológico está, en teoría, alineado con la producción de
alimentos para las comunidades circundantes y no con la maximización de
ganancias privadas. El segundo constructo, la seguridad y soberanía
alimentaria, ha evolucionado desde una concepción cuantitativa y asistencial
hacia una más integral y política. Inicialmente, la FAO (1996, 67), enfatizaba
el “acceso físico, social y económico a alimentos suficientes”, un enfoque útil
pero que podía satisfacerse mediante importaciones. Frente a esto, el
movimiento transnacional Vía Campesina (2007, 32) introdujo el paradigma de la
soberanía alimentaria, definiéndola como “el derecho de los pueblos a alimentos
nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma
sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y
productivo”. Esta definición amplía radicalmente el marco de análisis.
Cabe
considerar que, para autores venezolanos como Machado (2017, 76), en un
contexto de crisis de divisas y colapso de las importaciones, la soberanía
alimentaria se convierte en una “condición de supervivencia nacional que obliga
a revalorizar los circuitos cortos de producción y consumo”. De esta forma, la
seguridad alimentaria deja de ser un problema logístico de distribución para
convertirse en una cuestión vinculada al modelo de desarrollo, la autonomía
tecnológica y, de manera nodal, al control sobre el principal medio de
producción: la tierra.
Del
mismo modo, el tercer constructo, la gobernanza local en contextos post-estatales, requiere una aproximación que supere la
visión tradicional del gobierno municipal. La politóloga García-Guadilla (2017,
112) analiza cómo en Venezuela se ha producido una “hibridación de la
gobernanza, donde la retracción del Estado central ha sido llenada, de manera
desigual y conflictiva, por una constelación de actores: consejos comunales,
comunas, ONG, grupos de productores y, en algunos casos, actores informales o
incluso coercitivos”.
Este
escenario post-estatal no implica la desaparición del
Estado, sino su transformación y, en muchos territorios, su presencia
intermitente y focalizada. Desde esta perspectiva, la gobernanza local efectiva
para la seguridad alimentaria, siguiendo a Ostrom (2000, 98), dependería de la
capacidad de estos actores para generar “arreglos institucionales locales que
definan reglas claras de uso, manejo y conservación de los recursos comunes,
como la tierra y el agua”. A su vez, estos arreglos deben negociarse constantemente
en un entorno de alta incertidumbre macroeconómica y fragmentación política, lo
cual añade una capa de complejidad extraordinaria a la gestión colectiva de la
tierra.
La
interconexión de estos tres constructos se revela con claridad al analizar una
cita de Fals Borda (1986, 309), quien, aunque no escribió específicamente sobre
Venezuela, ofreció un marco para comprender las luchas agrarias en América
Latina:
La recuperación de la tierra por el campesinado no es un fin en sí mismo,
sino el primer paso en un proceso de recuperación de la historia, la cultura y
la autonomía política. Es en el territorio donde se ejerce la soberanía,
primero sobre la semilla y el surco, y luego sobre la vida comunitaria”.
Esta
afirmación, aplicada al caso venezolano, permite un análisis multifacético. En
primer lugar, desmonta una visión economicista reduccionista de la reforma
agraria o de la propiedad social. Para él, el control de la tierra es
principalmente un acto político y civilizatorio, un prerrequisito para la
reconstitución de un proyecto colectivo. Al señalar que no es un fin en sí
mismo, advierte contra los fetichismos legales o los repartos burocráticos de
tierra que no vienen acompañados de un proceso de empoderamiento y construcción
de autonomía.
En
el contexto venezolano post-estatal, esta advertencia
es profética: muchas tierras fueron otorgadas por el Estado sin consolidar los
andamiajes organizativos y técnicos necesarios, limitando su impacto. Además,
la secuencia que propone, de la soberanía sobre la semilla a la soberanía sobre
la vida comunitaria; establece un vínculo directo e inseparable entre la
producción alimentaria (la semilla, el surco) y la gobernanza (la vida
comunitaria). Esto significa que la verdadera propiedad social solo se consuma
cuando la comunidad que trabaja la tierra también define sus reglas de juego,
sus prioridades productivas y sus mecanismos de distribución.
Asimismo,
el concepto de recuperación de la historia y la cultura es vital para entender
experiencias en zonas indígenas o campesinas con arraigo histórico, donde la
propiedad social puede resonar con tradiciones colectivas preexistentes,
dotándolas de mayor solidez. No obstante, también plantea un desafío en
contextos periurbanos o de nuevos asentamientos, donde esa memoria colectiva
agraria puede estar ausente y deba construirse desde cero. Por lo tanto, este
autor ilumina el potencial transformador de la propiedad social, pero también
subraya su extrema dependencia de factores sociales y políticos que trascienden
con creces el acto administrativo de asignación de un lote de tierra.
Metodología
El
presente artículo se inscribe en el paradigma de la investigación cualitativa,
adoptando un diseño metodológico documental de carácter
analítico-interpretativo. Este enfoque resulta el más idóneo para examinar
constructos teóricos complejos y su manifestación en un contexto sociohistórico
específico, “donde la experimentación directa o los estudios de campo
sistemáticos a gran escala se ven limitados por la propia naturaleza de la
crisis” (Hurtado y Toro, 2012, 22). De esta forma, la estrategia se centró en
la localización, selección, evaluación crítica y articulación de fuentes
documentales heterogéneas, con el objetivo de construir una visión
comprehensiva y matizada del problema de estudio.
Del
mismo modo, el proceso metodológico se estructuró en tres fases
interrelacionadas. En una primera fase de identificación y recolección, se
estableció un criterio amplio para capturar la multidimensionalidad del tema.
Asimismo, la búsqueda se dirigió hacia documentos académicos (libros, artículos
en revistas indexadas, tesis doctorales), documentos legales y de política
pública (leyes, decretos, memorias de instituciones agrarias), e informes
técnicos de organismos multilaterales y organizaciones no gubernamentales. Igualmente,
se incluyeron “fuentes grises o no convencionales, como documentos de trabajo
de centros de investigación y publicaciones de movimientos sociales, vitales
para capturar perspectivas situadas y respuestas emergentes desde la base”
(García-Guadilla, 2017, 56). Cabe considerar que el período temporal de interés
se concentró, predominantemente, en la producción generada entre los años 2000
y 2023, abarcando así el período de gestación, auge y crisis de las políticas
de propiedad social en Venezuela.
Posteriormente,
en la fase de análisis crítico y categorización, los documentos fueron
sometidos a un examen hermenéutico. Desde esta perspectiva, el análisis no se
limitó a una extracción pasiva de datos, sino que implicó “una interpretación
contextualizada de los discursos, identificando premisas, omisiones y tensiones
internas en los textos” (Valles, 2007, 54). A su vez, el material fue
organizado mediante un sistema de categorías emergentes y a priori, derivadas
de los constructos centrales: 1) modelos y conflictos en la tenencia de la
tierra, 2) definiciones y métricas de seguridad y soberanía alimentaria, y 3)
estructuras y dinámicas de la gobernanza local. Este ejercicio permitió
realizar una triangulación metodológica por fuentes, contrastando las visiones
de actores estatales, académicos, internacionales y comunitarios para obtener
una imagen más robusta y menos sesgada del fenómeno.
Finalmente,
en la fase de síntesis e integración, la información categorizada y contrastada
fue tejida en un discurso analítico coherente. La redacción del artículo
procedió, entonces, a articular los hallazgos documentales con el marco
teórico-conceptual, generando una discusión que superara la mera descripción.
En este orden de ideas, el análisis de citas textuales clave; como las ya
presentadas de Núñez (2016) y Fals Borda (1986); cumplió una función nodal.
Dichas
citas no fueron utilizadas como ornamentos retóricos, sino como unidades de
análisis discursivo en sí mismas. Cada cita relevante fue desglosada en sus
componentes argumentativos, situada en el contexto intelectual de su autor y en
el momento histórico de su producción, y luego interrogada a la luz de la
realidad venezolana contemporánea. Este procedimiento, que exigió dedicar al
menos once líneas de reflexión por cada cita analizada, permitió profundizar en
las contradicciones, potencialidades y limitaciones teóricas de los constructos
examinados, otorgando densidad y profundidad al análisis documental general.
Del
mismo modo, la solidez de este enfoque se fundamenta en la comprensión del
documento como un artefacto social. Como advierte el metodólogo Martínez
Miguélez (2006, 93), “la investigación documental seria exige ir más allá de la
apariencia literal del texto; es preciso develar su estructura profunda, los
intereses que lo hicieron posible, el contexto que lo enmarca y las voces que
silencia”. Esta afirmación constituye un pilar metodológico para el presente
estudio. En primer lugar, rechaza una lectura ingenua o superficial de las
fuentes, lo cual es especialmente crítico en un campo tan politizado como la
tenencia de la tierra y la seguridad alimentaria en Venezuela. Su llamado a
develar la estructura profunda guio el análisis hacia la identificación de los
presupuestos ideológicos y las teorías del cambio social subyacentes en
documentos legales, informes oficiales y hasta en textos académicos.
Asimismo, la atención a los intereses que lo
hicieron posible obligó a interrogar cada fuente sobre su procedencia
institucional o individual, su propósito declarado y su público objetivo,
distinguiendo, por ejemplo, entre un informe de la FAO orientado por parámetros
técnico-globales y un manifiesto de un movimiento campesino local. Además, la
directriz de examinar el contexto que lo enmarca fue aplicada de manera
constante, interpretando toda declaración o dato a la luz de la coyuntura
económica, política y social específica de su producción.
Del
mismo modo, quizás lo más desafiante, fue la operacionalización de la búsqueda
por las voces que silencia. Este principio metodológico fue crucial para evitar
un sesgo documental hacia fuentes hegemónicas, impulsando la búsqueda activa de
testimonios, registros y evaluaciones provenientes de las propias comunidades
en experimentación con la propiedad social, muchas veces ausentes de las
grandes bases de datos académicas. De esta forma, el autor no solo justifica el
método, sino que delineó su aplicación concreta, asegurando que la
investigación documental aquí realizada aspirara a ser una interpretación
crítica y contextual, y no una simple compilación de citas yuxtapuestas.
Resultados
El
análisis documental realizado revela un panorama teórico fragmentado y a menudo
polarizado, donde las visiones sobre los constructos centrales divergen
significativamente en función del enfoque ideológico, la disciplina de origen y
la valoración de la experiencia concreta venezolana. La comparación de estas
perspectivas no solo enriquece la comprensión del fenómeno, sino que expone las
tensiones inherentes a cualquier intento de materializar modelos alternativos
en un contexto de crisis estructural. Respecto a la propiedad social de la
tierra, se identifican dos énfasis principales. Por un lado, autores como Lanz
Rodríguez (2010) y los teóricos vinculados al proyecto bolivariano ortodoxo la
conciben primordialmente como un instrumento de transformación político-ideológica.
Desde esta perspectiva, su valor reside en ser el sustrato para la formación de
un nuevo sujeto social colectivo, el pueblo organizado; y en erosionar las
bases del latifundio y el capitalismo agrario.
En
contraste, otros analistas, como el jurista Sánchez (2015) y diversos informes
de organizaciones de productores, “enfatizan su dimensión jurídico-funcional y
productiva”. Para ellos, la viabilidad del modelo depende de la certeza
jurídica, la claridad en los derechos de uso y la capacidad de generar
excedentes económicos sostenibles. Esta disyunción tiene consecuencias
prácticas palpables. Mientras el primer enfoque podría priorizar la entrega
simbólica de tierras o su asignación con base en lealtades políticas, el
segundo exige una institucionalidad sólida para resolver conflictos y
garantizar inversiones a largo plazo, un aspecto críticamente débil en el
escenario post-estatal. No obstante, ambas visiones
coinciden, al menos retóricamente, en subordinar el derecho de propiedad a la
función social, creando un punto de encuentro frágil pero significativo en el
discurso.
En
cuanto a la seguridad y soberanía alimentaria, la comparación evidencia una
evolución y un conflicto paradigmático. La visión oficial, anclada en
documentos estatales tempranos, tendía a operacionalizar la seguridad
alimentaria desde un enfoque macroestatal y de
disponibilidad, midiendo éxito en toneladas producidas o hectáreas recuperadas,
un enfoque cercano a la métrica clásica de la FAO (1996). Sin embargo, la
crisis profunda del modelo importador y la emergencia de iniciativas locales
forzaron una aproximación más cercana al paradigma de la soberanía alimentaria
promovido por la Vía Campesina (2007).
Autores
como Machado (2017) y Núñez (2016) analizan este giro como una adaptación
forzosa pero crucial. Machado (2017, 95) argumenta que “la implosión de los
canales de distribución estatales convirtió la soberanía; entendida como
autogestión comunitaria inmediata; en la única estrategia de seguridad viable
para miles de personas”. Esta afirmación contrasta radicalmente con el modelo
inicial, centralizado y dependiente de la renta petrolera. Así, en la práctica,
la soberanía alimentaria dejó de ser un proyecto político de largo aliento para
convertirse, en muchos casos, en una estrategia de supervivencia biopolítica.
Esta
comparación revela una ironía profunda: el discurso de la soberanía,
originalmente anti-sistémico, fue adoptado de facto
por comunidades no por su contenido transformador ideal, sino por la imperiosa
necesidad de llenar el vacío dejado por un Estado que no pudo sostener su
propio modelo de seguridad alimentaria centralizada.
Del
mismo modo, la gobernanza local es, quizás, el constructo donde las
comparaciones son más reveladoras de los dilemas venezolanos. La visión
institucional-estatal, reflejada en la legislación sobre consejos comunales y
comunas, proponía un modelo de gobernanza en red, pero subordinada, “donde las
instancias locales actuarían como correas de transmisión y ejecutoras de
políticas y recursos definidos centralmente” (García-Guadilla, 2017, 45). Este
modelo choca frontalmente con la realidad post-estatal
descrita por la misma autora, quien identifica una gobernanza híbrida y
emergente, donde el poder se fragmenta y las comunidades negocian su autonomía
real en medio de una profunda asimetría de recursos.
En
el mismo sentido, los principios de diseño institucional para la gestión de
bienes comunes propuestos por Ostrom (2000, 34), como “la delimitación clara de
los derechos de uso o la existencia de mecanismos de monitoreo y sanción
comunitaria; ofrecen un contraste analítico útil”. Mientras que el autor presupone
un contexto de estabilidad institucional donde las comunidades pueden auto-organizarse con reglas claras, la observación de
García-Guadilla (2017) sobre Venezuela describe un contexto de inestabilidad
crónica y plurinormatividad, donde las reglas
formales conviven, y a menudo son desplazadas, por acuerdos tácitos, relaciones
de clientelismo residual o simplemente por la ley del más fuerte.
De
esta forma, la gobernanza efectiva para la seguridad alimentaria en tierras de
propiedad social no surge de aplicar un manual de mejores prácticas, sino de un
proceso caótico y desigual de innovación institucional bajo coacción. Algunas
comunidades logran aproximarse a los principios ostromianos
a través del ensayo y error, creando sistemas de riego colectivo o bancos de
semillas con reglas internalizadas. Otras, en cambio, ven fracasar sus arreglos
cooperativos ante la presión de la escasez extrema, la inseguridad o la
injerencia de actores externos.
Esta
comparación entre el modelo ideal de gobernanza policéntrica, la visión estatal
de poder popular dirigido y la realidad observada de hibridación y conflicto,
constituye el núcleo explicativo de los resultados dispares que exhiben las
experiencias de propiedad social en el país. Por lo que, la tensión entre
visión transformadora y viabilidad práctica se encapsula al comparar dos citas
ya analizadas por separado. Por su parte, Núñez (2016, 145) afirma que “la
propiedad social con agroecología y gobernanza deliberativa “puede generar
islas de resiliencia”. En contraste, un informe de la asociación de productores
Fundación Agroecológica Ortiz (2021, 8) señala con pragmatismo: “Sin acceso a bioinsumos, sin vías para comercializar los excedentes y
con el título de propiedad en el limbo, nuestra resistencia se mide día a día;
no somos una isla, estamos sitiados en nuestro propio territorio”. Esta
comparación es profundamente elocuente. La metáfora de la isla de resiliencia
utilizada por el autor sugiere un espacio de relativa autonomía y éxito
biocultural, un modelo a emular.
Por
otro lado, el testimonio de los productores introduce una crítica materialista
a esa idealización. El verbo sitiados invierte por completo la imagen de la
isla autosuficiente, pintando un escenario de asedio por factores externos
(falta de insumos, mercados, seguridad jurídica) que la comunidad no puede
controlar. Esta disyunción no invalida la tesis de Núñez, pero la califica
severamente. Sugiere que las islas existen, pero su resiliencia es un logro
precario, constantemente erosionado por un entorno macro hostil. Además, mientras el académico puede
hablar en términos de procesos de aprendizaje social a largo plazo, los
productores hablan de resistencia día a día, colocando el acento en la urgencia
y la supervivencia inmediata.
Por
lo tanto, el análisis comparativo de estas dos perspectivas, la
teórico-optimista y la testimonial-crítica, revela la brecha abismal que existe
entre el potencial normativo de los constructos (propiedad social,
agroecología, gobernanza) y su realización práctica en un contexto de colapso
sistémico. Demuestra que el rol de la
propiedad social en la seguridad alimentaria no puede juzgarse solo por la
coherencia interna de las experiencias exitosas, sino que debe ponderarse
contra la fuerza de los factores externos de desestabilización que las amenazan
de manera constante. En última instancia, esta comparación sintetiza el
resultado central de la investigación: la viabilidad del modelo depende menos
de su diseño intrínseco que de su capacidad para negociar, resistir y adaptarse
a un entorno político-económico nacional que le es mayoritariamente adverso.
Conclusiones
El
análisis documental realizado permite concluir que el rol de la propiedad
social de la tierra en la seguridad alimentaria venezolana es significativo,
pero profundamente contingente y conflictivo. Su potencial no se deriva de una
causalidad mecánica entre tenencia colectiva y producción abundante, sino de su
capacidad para fungir como sustrato material para la reorganización social en
medio del colapso. En este sentido, la investigación revela que su contribución
principal en el contexto post-estatal ha sido, más
que generar una transformación agraria integral, sostener espacios de
resiliencia socio-productiva donde la comunidad ejerce un grado de agencia
sobre su subsistencia inmediata.
Una
conclusión central es que la materialización de este potencial depende de una
tríada inestable. En primer lugar, requiere superar la incertidumbre jurídica
que plaga al modelo, la cual desincentiva la inversión de trabajo y recursos a
largo plazo. En segundo término, exige la adopción de un paradigma
agroecológico que, al reducir la dependencia de insumos externos, se ajuste a
las restricciones severas de la economía nacional. Finalmente, y de manera
determinante, demanda el desarrollo de una gobernanza local legítima y eficaz,
capaz de gestionar conflictos, distribuir cargas y beneficios con equidad, y
negociar con actores externos en condiciones de extrema asimetría. La ausencia
de cualquiera de estos tres pilares condena a las experiencias de propiedad
social a la precariedad o al fracaso.
Asimismo,
el estudio identifica una tensión fundamental entre dos lógicas temporales. Por
un lado, existe una lógica política e ideológica de largo alcance, que concibe
la propiedad social como el germen de un nuevo modelo civilizatorio, tal como
vislumbraban teóricos como Fals Borda. A su vez, impera una lógica material de
emergencia y corto plazo, donde estas tierras se convierten en un último
recurso para paliar el hambre, bajo una presión constante que dificulta la
planificación y la reflexión colectiva. Esta tensión explica la brecha entre el
discurso transformador y la práctica cotidiana de supervivencia que caracteriza
a muchas experiencias documentadas.
Por
lo tanto, la complejidad de estas conclusiones se cristaliza al retomar y
analizar una cita previamente examinada. El testimonio de la Fundación
Agroecológica Laura Ortiz (2021, 8) que afirmaba: “No somos una isla, estamos
sitiados en nuestro propio territorio”. Esta declaración, ubicada al final del
recorrido analítico, adquiere una resonancia conclusiva poderosa. En primer
lugar, desmonta definitivamente cualquier romanticismo agrario o idealización
desconectada de la realidad material.
De
la misma manera, la metáfora del sitio es profundamente exacta para describir
la condición estructural de la propiedad social en la Venezuela contemporánea:
un espacio que, aunque pueda estar legal o simbólicamente bajo control
comunitario, está cercado por fuerzas desestabilizadoras externas. Estas
fuerzas son múltiples: la hiperinflación que licúa cualquier ahorro para
invertir en la próxima cosecha, el colapso de la infraestructura vial que
impide sacar los productos, la inseguridad que acecha en los caminos rurales y
la ya mencionada indefinición jurídica. En segundo término, el verbo somos en
primera persona del plural no es retórico; señala un logro fundamental. A pesar
del sitio, la comunidad persiste, se autoorganiza y se identifica como un
colectivo que resiste. Esto indica que, incluso bajo asedio, la propiedad
social puede cumplir una función identitaria y de cohesión social, la cual es
un requisito previo, aunque insuficiente, para cualquier proyecto de seguridad
alimentaria endógeno.
Desde
esta perspectiva, la cita sintetiza la conclusión paradójica del estudio: la
propiedad social ha fracasado como motor de una revolución agraria nacional,
pero ha tenido un éxito relativo y heroico como estrategia de contención y
defensa comunitaria frente a la inseguridad alimentaria masiva. Su rol, por
tanto, no es el de un modelo triunfante, sino el de un dique frágil, construido
con los materiales de la organización social y la innovación pragmática, que
impide que la crisis se traduzca en hambruna generalizada en ciertos
territorios.
En
definitiva, el futuro de este rol permanece abierto. La propiedad social de la
tierra no contiene en sí misma la garantía de una seguridad alimentaria
sostenible para Venezuela. Su destino está supeditado a cambios macroeconómicos
y políticos que hoy parecen lejanos. No obstante, el aprendizaje institucional,
las redes de confianza y las prácticas agroecológicas que se han generado en
estas “zonas sitiadas” constituyen un capital social invaluable. Este capital,
forjado en la adversidad, podría convertirse en el fundamento de una futura
reconstrucción del sistema alimentario nacional, siempre que el país encuentre
una vía para levantar el asedio que, más allá de lo físico, es sobre todo
institucional, económico y político.
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