“La Formación Educativa Sobre Delitos Informáticos: Un Análisis del Procedimiento, Sanción Penal y su Impacto en la Seguridad de la Nación.
Línea de Investigación Currículo formación e innovación pedagógica
Palabras clave:
Formación Educativa, Delitos Informáticos, Procedimiento, Sanción Penal Impacto, Seguridad de la Nación.Resumen
Este estudio tiene como objetivo analizar los componentes fundamentales de la formación educativa sobre los delitos informáticos en Venezuela, centrándose en los procedimientos legales, las sanciones penales y su impacto en la seguridad nacional. A través de un enfoque documental y bibliográfico, se revisaron leyes, normativas, estudios académicos y otros documentos relevantes para comprender la legislación vigente y la preparación educativa en torno a estos delitos. La metodología empleada fue cualitativa y descriptiva, utilizando fuentes documentales como legislación, informes y artículos académicos para realizar un análisis crítico del marco normativo y educativo relacionado con los delitos informáticos. El estudio también exploró el impacto de las leyes existentes en la protección de la seguridad nacional. Los resultados revelaron que, aunque Venezuela cuenta con una Ley Especial Contra los Delitos Informáticos desde 2001, su aplicación enfrenta desafíos significativos, como la falta de recursos y capacitación, así como la desactualización de las leyes frente a nuevas amenazas tecnológicas. Además, las sanciones penales existentes no son suficientes para abordar el espectro completo de delitos informáticos emergentes. En la discusión, se destacó la necesidad urgente de integrar la ciberseguridad en la educación formal y de actualizar la legislación para abordar las nuevas modalidades del cibercrimen. Se propuso fortalecer la formación educativa, actualizar las leyes y mejorar la infraestructura tecnológica. Las conclusiones subrayan la importancia de una respuesta integral que combine educación, legislación actualizada y colaboración internacional para mejorar la seguridad digital y la protección contra los delitos informáticos, garantizando la seguridad nacional.